La demanda de reajuste salarial de los maestros ha puesto sobre el tapete el que debería ser uno de los temas más sensibles de la nación: la educación. Todas las lacras que perturban a la población e inciden en la crisis de valores y lastran el desarrollo son atribuidas a la falta de educación. Incluyendo azotes como la criminalidad, la delincuencia y la corrupción a todos los niveles. Si la educación es tan importante tiene entonces que pensarse en la figura más protagónica de ese sistema, que, aparte de los alumnos, no es otro que el maestro. La coyuntura que se ha creado con la demanda de reajuste salarial de los educadores es propicia para convocar un pacto por la educación.
Por su impacto social ese acuerdo nacional es más importante y urgente que el fiscal y el eléctrico. Pero, en lugar de abrir ese espacio para el diálogo, se ha optado por un pulso en torno al reclamo de unos pesitos que hace la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). No debe ser un secreto para nadie que si los profesores son deficientes, las actuales condiciones de trabajo les dificulta más la tarea de enseñar.
Un sueldo base de alrededor de 9,000 pesos mensuales no compensa el esfuerzo ni los gastos para subsistir en que tiene que incurrir un maestro. Si las autoridades estiman que antes que maestros competentes lo fundamental son aulas y planteles, están en un craso error. Hay que repetir hasta la saciedad que la escuela está donde está el maestro.
Y que las aulas y planteles, por más modernos y hasta equipados que estén, no garantizan por sí solos una buena enseñanza. Pero, en este caso, no basta solo con mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los maestros. Es necesario que las autoridades se aboquen, en coordinación con la sociedad civil, a revisar el sistema educativo a fin de convertirlo en una herramienta al servicio del desarrollo de la nación. Todas las condiciones están dadas para un pacto educativo.
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